En concreto, la normativa prevé un máximo de servicio para el 98% de los ciudadanos en el caso de las televisiones públicas y del 96% en el de las privadas.

Quedarán excluidos los que vivan en zonas orográficas de muy difícil acceso para la señal de las antenas, especialmente en valles y montañas o poblaciones muy aisladas. Para remediarlo, y ante las quejas de las comunidades autónomas, el Gobierno ha previsto un plan de ayudas para ampliar la cobertura a través de la señal de satélite.

Así está dispuesto en un Real Decreto aprobado de urgencia por el Ejecutivo la pasada semana, pendiente de su aprobación por el Parlamento, en un trámite que tiene lugar mañana en el Pleno del Congreso. En ese texto se articula una serie de ayudas a operadores que, según la compañía de comunicaciones por satélite Astra, «favorecen a una sola compañía, Abertis, con la intención de expulsar a los competidores del mercado».

Un concurso público Así lo afirmó en un encuentro informativo el director general de la compañía, Luis Sahagún, que especificó que esas ayudas, pagadas de las arcas del Estado, ascenderán a 327 millones de euros como inversión inicial más un montante anual de 67 millones de euros, lo que, al cabo de diez años, supondrán un total de casi 1.000 millones de euros.

«Creemos que esa cantidad debería sacarse a concurso público y ver si existe un sistema alternativo u otra compañía capaz de prestar el servicio más barato y de esa forma beneficiar a todos los ciudadanos», dijo Sahagún, que criticó la formulación del texto legal, y aseguró que esas ayudas están recurridas ante la división de Competencia de la UE.


(12/03/09)