Los juzgados de la provincia de Pontevedra investigan al menos a media docena de comunidades de vecinos por piratear la señal de Digital+ y Canal+. Vigo, Tui, Ponteareas, Pontevedra, Baiona, Vilagarcía y Marín son las localidades donde los responsables del servicio han detectado el posible fraude. En la actualidad en toda Galicia hay unas 30 causas judiciales abiertas, y otras tantas en fase de investigación.

La empresa afectada tiene un medidor de frecuencias con el que detecta cuántas personas ven la televisión digital en los edificios. Si los números no cuadran, presentan la denuncia, que normalmente se admite a trámite, y todos los vecinos que veían 600 canales acaban en el banquillo. Se enfrentan a un delito contra la propiedad intelectual, con penas de cárcel, y a una multa de responsabilidad civil que suele ascender a varios miles de euros.

La mayoría de los casos, sin embargo, suelen acabar mediante un acuerdo antes del juicio, caso de uno de los tres abiertos en Vilagarcía. "No se trata de fastidiar la vida a la gente y que les queden antecedentes penales, sino de que paguen por los servicios que disfrutan", exponen los letrados coruñeses Miguel Lorenzo y Esteban Rico, que llevan los casos judiciales en Galicia. Así, el acuerdo conlleva también una reducción importante de la responsabilidad civil a pagar y en muchos casos el alta individual a la televisión de pago de los propietarios que la habían disfrutado gratis.

Algunas de las denuncias proceden de vecinos que no están de acuerdo con el pirateo de la señal acordado en las reuniones de la comunidad de propietarios y que, al ser minoría, se encuentran con el servicio ilegal. Suelen alertar a las empresas de televisión de pago afectadas para evitar la denuncia judicial si pillan a la comunidad.

También se han recibido denuncias de algunos particulares que tienen a su nombre el contrato y temen haber sido descubiertos. En tales casos aseguran que no saben por qué el resto del vecindario ve estos canales que sólo pagan ellos.

Inicialmente se lleva al juzgado al titular del contrato y al presidente vecinal pero, según avanza la instrucción judicial, acaban declarando como imputados todos los propietarios del inmueble. "No es lo mismo que pague uno sólo la multa, a que se reparta entre todos los vecinos", explican los letrados.

Además de comunidades de vecinos, se ha judicializado el posible pirateo de la señal por parte de hoteles, como uno de Tui que ofrecía el servicio en todas las habitaciones; páginas web que difunden las claves para piratear la señal; cervecerías y bares que utilizan también una señal "comunitaria". Los instaladores son también perseguidos y denunciados judicialmente, si bien existen más dificultades para su localización.


(El Faro de Vigo, 05/08/10)